Manifiesto
Marcha reivindicativa en Defensa de la Venta de la Inés y los Caminos Públicos
En los últimos años, en España estamos asistiendo a
un aumento vertiginoso en el cierre ilegítimo de caminos públicos, riberas de
ríos y alteración de vías pecuarias. Se cierran, cada vez más, caminos
históricos que han sido utilizados durante siglos para el traslado de personas
y animales.
Como ejemplo, en este término municipal en el que
nos encontramos, Almodóvar del Campo, uno de los mayores de España, se estima
que están cortados más del 80% de sus caminos públicos.
El cierre de caminos públicos coarta la libertad de
movimiento, que debe garantizarse en todo país democrático, además impide el
desplazamiento, y obstaculiza gravemente el conocimiento de lugares que han
disfrutado o trabajado nuestros antepasados. Tienen, pues, no sólo una utilidad
funcional sino una carga histórica y afectiva.
Pero no sólo se impide el desplazamiento de
personas y animales de un lugar a otro, sino que también se evitan las miradas
“incómodas” en las fincas para ver las tropelías que cometen muchos de sus propietarios.
Sin embargo, no sólo los propietarios de las fincas
afectadas son los culpables de esta iniquidad. Las administraciones públicas
son responsables de que se cierren los caminos históricos. En el mejor de los
casos por pura desidia, y en el peor por complicidad con los infractores.
De ambos casos tenemos aquí ejemplos muy cercanos. En
la gestión de la finca de La
Cotofía hay tres administraciones responsables que no están
cumpliendo con sus obligaciones:
* Por un lado el Ayuntamiento de Almodóvar del
Campo, que permite a los terratenientes cortar sus caminos.
* Por otro lado la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, que ha permitido cortar el Río Tablillas para
hacer un embalse de uso particular, que permite cerrar el paso por la orilla y que
permite a la finca el despilfarro de agua durante décadas.
* Y por último, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que
permite el desvío ilegítimo de una vía pecuaria y que, extralimitándose en sus
funciones legales, limita el acceso a la Cueva de la Venta, y en otros muchos casos se pone de lado
del terrateniente eludiendo el cumplimiento de las normas medioambientales.
Estas tres administraciones públicas son las
responsables de las “irregularidades” que se cometen a diario en la finca de La Cotofía, pero aún hay más:
sumado a estos hechos se da otra circunstancia que afecta directamente a una
familia humilde: los propietarios y habitantes de la Venta de la Inés.
Durante varias generaciones, las personas que
habitaron esta Venta jamás tuvieron ningún problema con los sucesivos
propietarios de la vecina finca de La Cotofía, pero desde que el actual propietario la
compró en 1986 los problemas aparecieron por doquier.
El acoso del propietario de la finca, la sociedad
“Patrimonios y Negocios S.A.”, supera con creces lo que son graves infracciones
ambientales para llegar a ser, simplemente, trato inhumano para con sus
vecinos; vecinos cuyo único delito es no haber querido vender su propiedad al
terrateniente.
La familia Ferreiro, quinta generación ya en la
venta de la Inés,
sobrevive heroicamente el acoso de su vecino; poderoso vecino que cuenta con la
complicidad de las administraciones públicas.
Para exigir que esta situación de injusticia debe
de terminar; que los caminos públicos, riberas de los ríos y vías pecuarias
deben estar abiertos al paso libre de cualquier ciudadano; para esto estamos
aquí y ahora este grupo de personas libres, estos colectivos que, dando la
cara, sin escondernos detrás de los despachos oficiales ni de triquiñuelas
legales, venimos a reivindicar que, también en este rincón de nuestro país, y
de una vez por todas, se deben respetar los derechos humanos y hacer cumplir las
leyes vigentes.
En la
Venta de la
Inés -Valle de Alcudia-, a 25 de abril de 2009
|
